La convocatoria se realizó este sábado y reunió a organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles, de jubilados y de derechos humanos. Los manifestantes reclamaron a la CGT un paro nacional y un plan de lucha.

La diferencia surgió al comparar los listados de deuda exigible informados por dos áreas del organismo que encabezó Diego Spagnuolo. El relevamiento también detectó compromisos que no habían atravesado los procedimientos administrativos habituales.

El Ejecutivo evalúa reforzar las partidas para ambos sectores en busca de acuerdos con el PRO, la UCR y los sectores involucrados en los reclamos.

El Gobierno de Keir Starmer consideró "sin justificación legal" las medidas contra compañías e individuos vinculados con las islas y ratificó su respaldo a quienes desarrollan actividades allí.

El Senado convirtió en ley el proyecto que destaca su papel en la defensa de la autonomía provincial y en la construcción del federalismo argentino.

El proyecto aprobado por el Senado fija un biodiésel mínimo de 7,5% y un corte de bioetanol del 12%, con aumentos previstos después del primer año. También crea un sistema de subastas públicas.

La iniciativa obtuvo 44 votos a favor y 23 en contra. Amplía el Régimen Simplificado de Ganancias, modifica los criterios de control de ARCA y establece un nuevo “tapón fiscal”.

Según los datos del Indec, el desempleo aumentó 0,3 puntos porcentuales respecto del mismo período de 2025 y 0,1 frente al primer trimestre. La informalidad laboral, en tanto, alcanzó al 45% de los trabajadores.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado afirmó que las modificaciones no fueron discutidas en la mesa política del oficialismo. El proyecto modifica aspectos del Nomenclador de Prestaciones Básicas, el esquema de actualización de aranceles y el régimen de pensiones.

La convocatoria fue anunciada luego de una nueva negociación salarial sin acuerdo. El Gobierno ofreció aumentos del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, mientras los gremios reclaman una recomposición del 32,5% y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La iniciativa contempla multas millonarias, inhabilitaciones y penas de hasta 20 años de prisión para determinadas actividades no autorizadas.

El oficialismo busca avanzar con el proyecto de cara a 2027, mientras distintos mandatarios provinciales defienden las primarias y evalúan separar sus elecciones de las nacionales.

Se trata de Fundición San Cayetano. La empresa, que destina cerca del 80% de su producción a mercados externos, atribuyó la situación a dificultades financieras pero aseguró que continúa operando con normalidad.

La medida se tomó en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito e incluye pedidos de información a bancos, ARCA, CEAMSE, UIF, CNV y plataformas de criptomonedas.

El oficialismo venía trabajando en un proyecto propio sobre la emergencia, pero la iniciativa del Ejecutivo cambió el escenario y complicó el diálogo con la oposición y sus aliados.