Nacionales — 17.09.2026 —
Malvinas: el Gobierno envió al Congreso un proyecto que endurece las sanciones por explotar sus recursos
La iniciativa contempla multas millonarias, inhabilitaciones y penas de hasta 20 años de prisión para determinadas actividades no autorizadas.
El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que establece un nuevo régimen de sanciones para personas y empresas que participen en la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina.
El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados y amplía el alcance de la legislación vigente, ya que no se limita a las actividades hidrocarburíferas sino que contempla el aprovechamiento de recursos renovables y no renovables en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares circundantes.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el texto fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Pablo Quirno, Carlos Presti y Luis Caputo. La iniciativa propone reemplazar el esquema vigente desde 2011, que estaba principalmente orientado a las actividades vinculadas con hidrocarburos.
Entre las principales modificaciones aparece un fuerte incremento de las sanciones económicas. Las personas o empresas que realicen actividades consideradas prohibidas podrían recibir multas equivalentes a entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, además de enfrentar la suspensión o cancelación de permisos y habilitaciones.
El proyecto también establece inhabilitaciones de entre cinco y 20 años y contempla penas más severas cuando las actividades estén relacionadas con la exploración o explotación de recursos naturales no renovables.
En esos casos, las penas de prisión previstas van de 12 a 20 años. Para quienes intervengan en la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos sin autorización argentina, el proyecto fija condenas de entre 15 y 20 años de prisión.
Las multas previstas para las actividades más graves podrían alcanzar el equivalente a tres millones de barriles de petróleo. El régimen también alcanza a proveedores que entreguen bienes o servicios esenciales cuando tengan conocimiento de que serán utilizados para actividades consideradas prohibidas.
Para esos proveedores, la iniciativa establece penas de entre cinco y siete años de prisión. Las empresas involucradas, además, podrían sufrir restricciones para operar y contratar con el Estado argentino.
El régimen incorpora también distintas medidas administrativas, entre ellas la revocación de habilitaciones, la suspensión de actividades por hasta 30 años y, en determinados casos, la disolución o liquidación de las sociedades responsables.
Una empresa que resulte inhabilitada tampoco podría desarrollar actividades económicas en la Argentina durante el período establecido y podría perder permisos y determinados beneficios impositivos o previsionales.
A su vez, el proyecto crea un Régimen de Desistimiento y Regularización destinado a quienes abandonen las actividades cuestionadas y cumplan determinadas condiciones económicas o de inversión dentro del territorio argentino.
Además del régimen específico para la cuestión Malvinas, la propuesta plantea la creación de un Sistema de Seguridad Nacional, que buscará coordinar acciones de carácter diplomático, económico, jurídico, cibernético y de defensa, junto con áreas de inteligencia y protección de infraestructura crítica.
El organismo rector de ese sistema será el Consejo de Seguridad Nacional, que estará encabezado por el Presidente e integrado, entre otros funcionarios, por el jefe de Gabinete y los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía.
El proyecto también incluye disposiciones vinculadas con la respuesta ante aeronaves y buques considerados hostiles. En el ámbito marítimo, fluvial y lacustre se contemplan distintas medidas de intervención, que van desde advertencias y maniobras de interposición hasta disparos de advertencia e inutilización, una vez agotadas otras alternativas.
El hundimiento de un buque quedaría reservado como una medida militar excepcional frente a una embarcación considerada hostil y requeriría autorización presidencial. A la vez, el texto establece que esa medida no podrá utilizarse contra embarcaciones civiles como mecanismo policial o sanción.
Con el proyecto ya ingresado a Diputados, se abre ahora una nueva etapa de negociación parlamentaria, en la que el oficialismo deberá avanzar en la búsqueda de consensos y definir el cronograma de las comisiones que participarán del debate.
