Intervención legislativa por violencia de dénero en San Carlos Centro

Por iniciativa de la presidenta de la Comisión de Derechos y Garantías, Alicia Gutiérrez, acompañada por los legisladores Leandro Busatto, Silvia Augsburger e Inés Bertero, la Cámara de Diputados aprobó un pedido de informes al Poder Ejecutivo Provincial sobre las actuaciones de organismos estatales frente a las denuncias por violencia laboral y de género ocurridas en la Municipalidad de San Carlos Centro.

Entre los fundamentos, la Cámara de Diputados establece “que el menoscabo a la integridad de la empleada existió, y aún sigue siendo víctima de violencia laboral, y más allá de lo que puedan investigar y dilucidar los mecanismos de justicia respecto a la responsabilidad penal de Placenzotti, el Estado debe intervenir con todos sus instrumentos, en la protección de los derechos vulnerados de la víctima en su doble vía, por su condición de mujer-víctima de violencia de género, y por su condición de trabajadora-víctima de violencia laboral.” Y finaliza diciendo: “Desde el ámbito de esta Cámara debemos velar por el cumplimiento de la normativa que garantiza la protección de los derechos de todas y todos los santafesinos, pero además si la vulneración de derechos es provocada por un funcionario (Intendente Placenzotti) como consecuencia de un accionar delictivo de excesiva gravedad, debe actuar en consecuencia, desplegando todas las facultades constitucionales.”

En mérito a lo expuesto la Cámara reclamó las actuaciones del Ministerio de Trabajo en virtud de lo establecido por Ley Nº 10.468 y Resolución 427/2015 sobre violencia laboral y de la Dirección Provincial de Políticas de Género sobre la asistencia y protección que debe brindar a la víctima, quien además de las agresiones en el ámbito laboral, perdió el embarazo en curso.

Por otra parte y tras haber sido despedida de la Municipalidad de San Carlos Centro, la trabajadora víctima de violencia, se presentó como querellante en la denuncia penal que se tramita contra el Intendente Placenzotti y prestó declaración ante la Defensoría del Pueblo, desde donde FESTRAM espera el accionar de ese Organismo en los términos impuestos por la legislación vigente.