Organizaciones rechazan la propuesta de Pullaro para la Corte Suprema por falta de paridad de género

La Red Mujeres para la Justicia, junto a Amnistía Internacional, el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Campaña GQUAL, cuestionaron públicamente la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de proponer a dos hombres y una mujer para cubrir las tres vacantes existentes en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, al considerar que la propuesta viola el principio de igualdad de género y atenta contra una representación equilibrada en el máximo tribunal provincial.

Las organizaciones remarcaron que, si las nominaciones enviadas por el Ejecutivo provincial a la Legislatura fueran aprobadas, la Corte quedaría conformada por cinco varones y solo dos mujeres, contradiciendo así el mandato de paridad de género incorporado recientemente en la Constitución provincial. Esta objeción se enmarca en el procedimiento iniciado el pasado 17 de diciembre, cuando el Ejecutivo dictó el decreto que formaliza la convocatoria para cubrir los tres cargos vacantes, en un tribunal compuesto por siete miembros.

Además, recordaron que es la segunda vez consecutiva que el gobernador presenta una terna con mayoría masculina. En 2024, tras la ampliación de la Corte de seis a siete integrantes, también se postularon dos varones y una mujer, quienes actualmente ocupan sus cargos.

El rechazo de las organizaciones no se limita a la coyuntura actual, sino que se sustenta en el marco normativo vigente. Subrayaron que la nueva postulación se produce apenas tres meses después de la reforma constitucional que incorporó expresamente la obligación de “procurar la paridad de género” en la composición de la Corte Suprema. A su vez, esa exigencia se complementa con normas previas como el Decreto N° 18/2007 y la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley N° 10.160), que desde 2020 incluye un artículo específico sobre paridad (art. 11 bis).

En ese sentido, las entidades recordaron que la Corte Suprema de Santa Fe ha tenido solo dos juezas en más de 130 años de historia, y que esta tendencia de subrepresentación femenina constituye una vulneración no solo de normas locales, sino también de tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

A través de un comunicado conjunto, destacaron que el principio de paridad no debe reducirse a un criterio numérico mínimo, sino que representa una obligación jurídica y política de alcanzar un reparto igualitario del poder (50/50). Citaron además al Comité de la CEDAW, que considera la paridad como un estándar de buena gobernanza y legitimidad institucional.

Las organizaciones sostuvieron que la integración de la Corte debe garantizar no solo la idoneidad jurídica y la independencia judicial, sino también un compromiso activo con los derechos humanos y la erradicación de la discriminación de género. Señalaron que avanzar hacia la paridad no es solo una cuestión de equidad, sino una condición clave para fortalecer la confianza pública en el Poder Judicial.

Finalmente, destacaron que Santa Fe tiene una oportunidad histórica para revertir la desigualdad estructural en el ámbito judicial. Con el proceso de participación ciudadana todavía abierto y pendiente el acuerdo legislativo, instaron al Poder Ejecutivo a revisar su propuesta y a la Legislatura a cumplir el reciente mandato constitucional, garantizando una representación más justa en la Corte Suprema provincial.