La Justicia investigará el posible uso de fondos públicos en la salida de Flávio Bolsonaro

La fiscal federal Paloma Ochoa solicitó abrir una investigación penal para determinar si el Gobierno de Javier Milei utilizó recursos públicos para facilitar la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil hacia Estados Unidos, con una escala en la Argentina. El requerimiento fue presentado ante la jueza María Eugenia Capuchetti, quien ya intervenía en las actuaciones preliminares sobre la posible participación de funcionarios nacionales en el traslado del dirigente brasileño.

El pedido representa un avance en el expediente, que hasta ahora se encontraba en una etapa inicial. Por el momento no hay funcionarios imputados y la fiscal busca establecer si se utilizaron recursos del Estado argentino para favorecer el viaje, así como determinar qué información tenían las autoridades sobre la situación judicial de Bolsonaro en Brasil.

Para reconstruir lo ocurrido, Ochoa ya había solicitado información a distintos organismos nacionales. El pasado 29 de octubre, Capuchetti dispuso una serie de medidas preliminares y requirió informes a la Dirección Nacional de Migraciones y a la Cancillería. El objetivo era conocer qué controles se realizaron durante el ingreso y la salida del brasileño y si el Gobierno había recibido comunicaciones sobre las restricciones judiciales que pesaban sobre él.

La investigación también contempla el análisis de registros de seguridad para reconstruir los movimientos de Bolsonaro durante su permanencia en el país.

El expediente se inició a partir de una denuncia presentada por el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano contra Milei y otros integrantes del Poder Ejecutivo, por un presunto encubrimiento. A esa presentación se sumaron otras iniciativas judiciales vinculadas con el mismo episodio.

Una de ellas fue impulsada por el diputado nacional Esteban Paulón y quedó inicialmente radicada en el juzgado de Daniel Rafecas. Por su parte, la diputada Marcela Pagano presentó una denuncia ante la Justicia Federal de Puerto Iguazú para que se investigaran las circunstancias en las que Bolsonaro atravesó la frontera entre Brasil y Argentina.

En esa causa, el fiscal federal Fabián Martínez solicitó informes sobre los controles migratorios, los registros de pasajeros y el vuelo privado que trasladó al dirigente y a su familia hacia Estados Unidos. También pidió preservar las imágenes de las cámaras de seguridad del puente internacional Tancredo Neves y del aeropuerto de Puerto Iguazú.

Sin embargo, la investigación tramitada en Misiones fue desestimada, luego de que el fiscal considerara que no se había configurado un delito durante el tránsito de Bolsonaro por ese territorio. Esa decisión no implicó el cierre del expediente que se tramita en los tribunales federales de Comodoro Py.

El recorrido de Bolsonaro por la Argentina

De acuerdo con los registros migratorios, Flávio Bolsonaro ingresó al país el 27 de octubre a las 22.50, acompañado por su esposa, Fernanda Antunes Figueira, y sus dos hijas, Carolina y Luiza.

La familia cruzó por vía terrestre el puente internacional Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú. Según informó la Dirección Nacional de Migraciones, los cuatro presentaron documentación válida y no registraban impedimentos legales para ingresar a la Argentina.

A las 23.30 abordaron un avión privado de la empresa Baires Fly, que partió durante la madrugada siguiente rumbo a Guayaquil, Ecuador, antes de continuar viaje hacia Miami, Estados Unidos.

El traslado se produjo en medio de una investigación judicial en Brasil. El juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal, había ordenado que Bolsonaro entregara sus pasaportes y le había prohibido salir de ese país, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero.

Desde el comienzo de la polémica, el Gobierno argentino negó haber colaborado de manera irregular con la salida del dirigente brasileño. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, defendió el procedimiento migratorio y sostuvo que Bolsonaro ingresó con la documentación correspondiente y que no existían alertas de Interpol que obligaran a las autoridades nacionales a impedir su tránsito.

Ahora, la investigación impulsada por la fiscal Ochoa buscará establecer si, más allá de los controles migratorios, algún organismo o funcionario argentino utilizó fondos o recursos públicos para facilitar el traslado.