El oficialismo en Diputados cedió cambios y logró dictamen para el proyecto sobre Malvinas

El oficialismo consiguió este miércoles dictamen de mayoría para el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que incluye medidas para proteger los recursos naturales de las Islas Malvinas y refuerza las sanciones por su explotación sin autorización. Tras negociar modificaciones con bloques aliados, La Libertad Avanza dejó el texto en condiciones de ser debatido en la Cámara de Diputados, donde la sesión está prevista, en principio, para el jueves 12 de noviembre.

El cronograma todavía podría sufrir modificaciones debido a la agenda de esa semana, que estará condicionada por la visita del papa León XIV a la Argentina.

Impulsado principalmente por el asesor presidencial Santiago Caputo, el proyecto establece sanciones más severas para quienes exploten de manera ilegal recursos naturales en el Atlántico Sur. El alcance no se limita a los hidrocarburos, sino que abarca recursos renovables y no renovables. También contempla multas y la suspensión o cancelación de habilitaciones en el país para empresas y actores vinculados con esas actividades.

Uno de los aspectos más cuestionados fue precisamente el alcance de las sanciones, en particular por sus posibles efectos sobre compañías extranjeras. En ese marco, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, le transmitió personalmente al presidente Javier Milei la preocupación de la administración de Donald Trump por las consecuencias que podía tener el texto para empresas estadounidenses.

Ante esos planteos, el oficialismo aceptó acotar la responsabilidad a quienes participen directamente en las operaciones ilegales: operadores, licenciatarios, proveedores y accionistas directos de los proyectos. La nueva redacción excluye a los accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2% y a los fondos de inversión indirectos que tengan participación en las empresas involucradas.

La iniciativa también crea el Consejo de Seguridad Nacional, un organismo encabezado por el Presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica. Tras las negociaciones, se sumó también al Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva.

El nuevo órgano tendrá a su cargo la coordinación de las políticas de defensa, inteligencia y seguridad interior. Además, podrá evaluar y aceptar o rechazar inversiones impulsadas por Estados extranjeros o empresas con capitales de esos países en sectores estratégicos, como defensa, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos, minería y actividades espaciales.

A pedido de distintos bloques aliados, se habilitó la participación de autoridades legislativas y gobernadores como miembros no permanentes cuando los temas tratados lo requieran. Entre ellos figuran el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente provisional del Senado.

Otro de los cambios acordados fue la creación de una comisión bicameral de seguimiento en el Congreso, que podrá auditar las decisiones y los procedimientos del Consejo de Seguridad Nacional. La propuesta fue impulsada por el diputado Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), con el objetivo de incorporar un mecanismo de control parlamentario sobre un organismo integrado principalmente por funcionarios del Poder Ejecutivo. Según lo establecido en el dictamen, el Gobierno deberá informar a la comisión, dentro de las 48 horas, las medidas de seguridad que adopte el Consejo.

El texto también introduce modificaciones en el artículo que prevé penas de cinco a doce años de prisión para quienes, por cuenta o financiamiento de un Estado extranjero, interfieran en procesos electorales o manipulen la opinión pública. La redacción define como campaña de injerencia extranjera a las acciones planificadas y sistemáticas, clandestinas, engañosas, coercitivas o ilícitas destinadas a alterar elecciones, incidir en la voluntad política o condicionar decisiones de las autoridades.

Al mismo tiempo, incorpora excepciones para dejar fuera de esa definición a la actividad diplomática ajustada al derecho internacional, la expresión pública y atribuida de opiniones de gobiernos extranjeros, el periodismo, la investigación académica y la representación abierta y regulada de intereses.

Pese a las concesiones, algunos bloques aliados firmaron el dictamen con disidencias y reclamaron nuevas modificaciones, especialmente en los artículos 127, 128 y 129. Una diputada advirtió que votaría en contra si no se introducían más cambios, mientras que desde el oficialismo reconocieron que todavía había aspectos por precisar, entre ellos el alcance de las disposiciones sobre organizaciones no gubernamentales que buscan influir en las políticas públicas.

Por último, el proyecto precisa las competencias de la Prefectura Naval y del Comando Conjunto Marítimo, aunque no establece una regla que determine cuál de las dos fuerzas debe intervenir primero en cada situación.

Con el dictamen firmado, el oficialismo buscará llevar la iniciativa al recinto el 12 de noviembre, aunque todavía deberá sostener los acuerdos con sus aliados para reunir los votos necesarios y aprobar el proyecto.