Canadá dio marcha atrás con la ampliación de la eutanasia por enfermedad mental

El Gobierno de Canadá decidió frenar de manera indefinida la ampliación de la eutanasia a personas cuya única condición médica sea una enfermedad mental, una medida que estaba prevista para marzo de 2027. La decisión fue anunciada este miércoles por el ministro de Justicia, Sean Fraser, y pone en pausa uno de los debates sanitarios y jurídicos más controvertidos del país.

El Ejecutivo liberal tiene previsto presentar durante el otoño boreal un proyecto de ley para excluir formalmente la enfermedad mental como único motivo habilitante para acceder a la muerte asistida. Fraser explicó que la iniciativa busca cerrar una discusión que lleva varios años abierta y en la que todavía no existe un consenso suficiente entre especialistas, autoridades y la sociedad.

“Canadá ha tomado la decisión de no avanzar con la expansión”, afirmó el ministro. Y agregó: “Si bien no existe un consenso perfecto sobre este tema, creemos que este es el enfoque correcto en este momento particular”.

Canadá legalizó la asistencia médica para morir en 2016 para determinados pacientes en fase terminal. Cinco años después, el marco fue ampliado para incluir a personas con enfermedades graves e incurables cuya muerte no fuera necesariamente “razonablemente previsible”. La legislación contemplaba originalmente que el acceso pudiera extenderse a quienes padecieran exclusivamente una enfermedad mental, pero esa posibilidad fue postergada en sucesivas oportunidades.

La última postergación había llevado la fecha de entrada en vigencia hasta marzo de 2027. Sin una nueva intervención legislativa, las personas cuya única condición médica fuera una enfermedad mental podrían haber quedado comprendidas por la normativa a partir de ese momento. El Gobierno decidió ahora modificar la legislación para impedir esa ampliación.

Uno de los principales argumentos para mantener la exclusión está relacionado con las limitaciones del sistema de salud mental canadiense. En junio, una comisión parlamentaria recomendó que la medida fuera suspendida de manera indefinida y advirtió sobre la insuficiencia de los servicios de atención y apoyo disponibles en distintas comunidades.

El panel también señaló el riesgo de que personas atravesando un sufrimiento psicológico opten por la muerte asistida ante la falta de acceso a tratamientos adecuados. A esto se suma una discusión todavía abierta entre especialistas sobre si determinadas enfermedades mentales pueden considerarse irremediables en los términos que exige la legislación canadiense.

La cuestión genera posiciones contrapuestas. Si bien existe un amplio respaldo social al derecho a la muerte asistida en Canadá, durante los últimos meses distintos profesionales de la salud reclamaron revisar el funcionamiento del sistema y los procedimientos mediante los cuales los pacientes obtienen autorización para acceder a la prestación.

En el otro extremo, la organización Dying with Dignity cuestionó la decisión del Gobierno y sostuvo que excluir a las personas cuya única condición médica es una enfermedad mental constituye una violación de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades. La entidad participa además en distintas acciones judiciales contra las restricciones vigentes.

El proyecto que prepara el Gobierno también incluirá disposiciones relacionadas con las solicitudes anticipadas de eutanasia, destinadas a personas que reciban un diagnóstico de una enfermedad grave y puedan perder posteriormente la capacidad de tomar decisiones por sí mismas, como puede ocurrir en determinados casos de demencia o enfermedad de Alzheimer.

En este punto, el Ejecutivo plantea que serán las provincias las que decidan si permiten o no las solicitudes anticipadas, debido a que son las autoridades provinciales las encargadas de administrar los servicios de salud. Esto podría generar diferencias en las reglas aplicables según el territorio.

De hecho, Quebec ya permite las solicitudes anticipadas para personas diagnosticadas con enfermedades graves e incurables que puedan provocar una pérdida de capacidad, mientras que Alberta aprobó en marzo una legislación que prohíbe ese mecanismo.

El Gobierno también anunció modificaciones al Código Penal canadiense destinadas a garantizar que los médicos que cumplan con los requisitos establecidos para la muerte asistida no sean perseguidos penalmente por llevar adelante el procedimiento. Fraser señaló que el acceso quedará sujeto a las regulaciones provinciales y a criterios estrictos para garantizar la aplicación de las salvaguardas previstas por la legislación.

Canadá cuenta actualmente con uno de los marcos legales de muerte asistida más amplios del mundo. A diferencia de los sistemas que limitan la práctica a pacientes en etapas terminales, su legislación permite que determinadas personas con enfermedades graves e incurables puedan acceder a ella aun cuando su muerte no sea inminente.

La decisión anunciada ahora mantiene abierta una discusión que atraviesa cuestiones médicas, jurídicas y de derechos individuales. Mientras el Gobierno considera que todavía no están dadas las condiciones para incluir a las enfermedades mentales como único motivo de acceso, las organizaciones defensoras de la muerte asistida sostienen que la exclusión supone un trato desigual para quienes atraviesan ese tipo de padecimientos.