Caso Moderno House: investigan si el dinero de las viviendas fue destinado a un predio gastronómico en Sauce Viejo

Por Santotomealdía

La Fiscalía investiga si parte del dinero que clientes de Moderno House entregaron para construir sus viviendas fue destinado a un predio gastronómico que funcionó sobre la Ruta 11, en Sauce Viejo. El emprendimiento estaba registrado a nombre de Néstor Gabriel Segovia, titular de la firma de viviendas prefabricadas y uno de los dos imputados en la causa por presuntas estafas.

Este martes, el juez Lisandro Aguirre rechazó el pedido de prisión preventiva y dispuso que Segovia y Camila Dos Santos Rizzi continúen el proceso en libertad, sujetos a distintas medidas. Además, les otorgó 90 días para presentar propuestas razonables de reparación económica para los damnificados. La investigación continúa, aunque el magistrado desestimó, con la evidencia disponible, la calificación de asociación ilícita.

El vínculo con Sauce Viejo

Los fiscales de Delitos Complejos Jésica Bernard y Matías Broggi expusieron durante la audiencia del lunes una serie de maniobras que, a su criterio, excedían los incumplimientos contractuales.

Bernard sostuvo que, después de firmar los contratos y cobrar, los responsables de Moderno House realizaban una parte inicial de las obras, pero no las continuaban y destinaban los fondos a otros fines. Entre esos posibles destinos mencionó el predio gastronómico de Sauce Viejo registrado a nombre de Segovia y un negocio de ropa en Santo Tomé a nombre de Dos Santos Rizzi.

“No existía voluntad de cumplir con los contratos”, afirmó la fiscal. También señaló que Segovia figuraba registrado ante ARCA por una actividad de food truck, en referencia al emprendimiento gastronómico, y no por la construcción de viviendas. El supuesto desvío de fondos forma parte de la hipótesis de la acusación y deberá ser esclarecido durante la investigación.

La Fiscalía estimó que el monto actualizado de las presuntas estafas alcanza los 300 mil dólares. Entre los elementos expuestos mencionó la intervención de una persona presentada como arquitecto que no tenía habilitación profesional y la exhibición de viviendas construidas por otras empresas para generar confianza entre los interesados.

La resolución judicial

Al resolver este martes, Aguirre consideró que la prueba presentada no permitía acreditar un pacto delictivo estable y permanente, necesario para sostener la calificación de asociación ilícita. Aclaró que esa conclusión responde al estado actual de la investigación y que no constituye un sobreseimiento definitivo ni impide revisar la cuestión ante nuevos elementos.

En cambio, el magistrado consideró acreditados, con el grado de probabilidad propio de esta etapa, los nuevos hechos de estafa atribuidos a los imputados. También indicó que se debe profundizar el análisis de cada operación: las condiciones de contratación, los pagos, los trabajos realizados y las causas de los incumplimientos.

Para continuar en libertad, ambos deberán fijar domicilio, no podrán salir del país y tendrán que presentarse ante el Ministerio Público de la Acusación cada 15 días. Se mantuvo, además, el embargo sobre sus vehículos. El plazo para presentar propuestas de reparación no implica la obligación de cancelar de inmediato la totalidad de los reclamos.

Los imputados rechazaron la acusación. Segovia sostuvo que siempre tuvo voluntad de cumplir, que entregó viviendas y que alcanzó acuerdos con algunos clientes. Dos Santos Rizzi afirmó que era empleada y vendedora, y que no tomaba decisiones sobre las construcciones ni sus entregas. Sus defensores cuestionaron la calificación de asociación ilícita y solicitaron que el proceso continuara con medidas alternativas a la prisión preventiva.