Crisis en la Corte Suprema de Brasil sacude la campaña a menos de un mes de las elecciones

Una inédita crisis dentro de la Corte Suprema de Brasil irrumpió de lleno en la campaña presidencial, cuando falta menos de un mes para las elecciones del próximo 4 de octubre. El enfrentamiento entre integrantes del máximo tribunal escaló hasta obligar a su presidente, Edson Fachin, a intervenir para suspender una serie de decisiones contrapuestas adoptadas por dos magistrados.

La disputa tiene además una fuerte dimensión política: Flávio Dino fue ministro de Justicia de Luiz Inácio Lula da Silva, mientras que André Mendonça ocupó el mismo cargo durante el gobierno de Jair Bolsonaro. El conflicto se produce mientras Lula busca su reelección frente a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, y en medio de una investigación por un presunto fraude financiero que comenzó a involucrar a figuras del Poder Judicial y la política brasileña.

El episodio más reciente tuvo como protagonista al director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues. Mendonça había ordenado suspenderlo preventivamente luego de acusar a la fuerza de haberlo espiado de manera ilegal. Sin embargo, apenas un día después, Dino dispuso que Rodrigues fuera reincorporado a sus funciones.

Ante la sucesión de resoluciones enfrentadas, Fachin decidió intervenir. El presidente de la Corte suspendió las decisiones adoptadas por ambos magistrados y se reservó la resolución definitiva sobre la continuidad de Rodrigues, quien deberá brindar información en un plazo de 48 horas.

Además, Fachin dispuso la “suspensión de todo y cualquier procedimiento” de investigación sobre integrantes del propio tribunal, en un intento por contener una crisis que escaló rápidamente durante los últimos días.

El caso que desató la crisis

El enfrentamiento comenzó a profundizarse a partir de una investigación vinculada al Banco Master, cuyo propietario, el banquero Daniel Vorcaro, quedó bajo sospecha por un presunto desfalco financiero multimillonario que derivó en la liquidación de la entidad.

La semana pasada se conoció un informe policial que reveló mensajes enviados por Vorcaro a un número atribuido al juez Alexandre de Moraes, en los que habría solicitado ayuda para eludir una investigación. Meses después, el banquero terminó detenido.

La divulgación de esos mensajes se produjo por orden de Mendonça, exministro de Justicia de Bolsonaro y designado para integrar la Corte durante el gobierno del expresidente.

A partir de entonces, las tensiones dentro del máximo tribunal comenzaron a escalar. Sobre la base de informes secretos de inteligencia policial, Moraes denunció a Mendonça por abuso de autoridad, mientras que este último acusó posteriormente a la Policía Federal de realizar espionaje ilegal y dispuso la suspensión de su director.

Dino reaccionó al día siguiente y dejó sin efecto esa decisión, al considerar que apartar al jefe de la Policía Federal constituía una “medida inédita en la historia de la corporación” que podía afectar investigaciones y trabajos policiales.

La crisis entró en la campaña electoral

El conflicto judicial rápidamente atravesó las fronteras de la Corte y se convirtió en un nuevo elemento de la campaña presidencial brasileña.

Lula reclamó que se levante el secreto de las investigaciones relacionadas con el Banco Master para todos los involucrados, “sea quien fuere”, y pidió terminar con las “filtraciones selectivas que impactan la disputa electoral”.

Del otro lado, Flávio Bolsonaro cuestionó la actuación de Dino y sostuvo que el magistrado intentó interferir en un proceso judicial. Durante un acto de campaña, también acusó a Lula de pretender “ganar” fuera de las urnas.

Sin embargo, el caso Master también alcanzó al propio espacio bolsonarista. La Policía investiga giros millonarios solicitados por Flávio Bolsonaro a Vorcaro que, según explicó el candidato, estaban destinados a financiar una película biográfica sobre su padre.

Advertencia por una “crisis institucional de extrema gravedad”

La magnitud del enfrentamiento generó además preocupación fuera del ámbito político y judicial. Unas 3.000 entidades empresariales brasileñas difundieron un manifiesto en el que advirtieron sobre una “crisis institucional de extrema gravedad” cuyo “epicentro” se encuentra en la Corte Suprema.

“Si la legitimidad de los jueces es cuestionada, todo lo demás se vuelve incierto: la seguridad jurídica, la confianza en las instituciones y la misma paz social”, señalaron.

De esta manera, Brasil llega al último mes previo a las elecciones presidenciales con una disputa abierta dentro de su máximo tribunal, atravesada por una investigación financiera que alcanza a distintos sectores del poder y que ya se incorporó a la confrontación electoral entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.