La Justicia suspendió por 60 días el nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires

La Justicia suspendió preventivamente por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, apenas dos días después de la entrada en vigencia de la normativa nacional. La decisión fue adoptada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora.

La medida se circunscribe al territorio bonaerense y tiene como eje la falta de infraestructura y recursos materiales para afrontar el eventual incremento de adolescentes que ingresen al sistema penal. La nueva legislación nacional establece, entre otros cambios, la reducción de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.

La magistrada hizo lugar a un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en beneficio de los adolescentes privados de su libertad.

En su resolución, Pascual consideró que la modificación del régimen podría provocar un aumento considerable en la cantidad de menores de edad detenidos, tanto por la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años al sistema como por una mayor permanencia en dispositivos de encierro.

A partir de ese escenario, la jueza planteó interrogantes sobre la capacidad de la provincia de Buenos Aires para disponer de las condiciones edilicias, institucionales y profesionales necesarias para alojar a esa población respetando los estándares vinculados con los derechos de niños y adolescentes.

La situación de los centros de detención

Como parte de los fundamentos de la decisión, Pascual analizó las condiciones actuales de los dispositivos destinados al alojamiento de adolescentes en territorio bonaerense.

La magistrada recordó que su juzgado había establecido anteriormente un límite máximo de 60 adolescentes para el Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora, al considerar que el establecimiento no reunía las condiciones mínimas de habitabilidad.

Si bien reconoció mejoras recientes en cuestiones como la provisión de agua potable, alimentación y condiciones edilicias, sostuvo que todavía existen falencias que deben ser atendidas.

Entre ellas mencionó dificultades relacionadas con el acceso a la educación, la capacitación laboral y la reinserción en el empleo, además de la necesidad de reducir los períodos de aislamiento.

La resolución ordenó al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia bonaerense adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la suspensión durante los próximos 60 días.

Además, la jueza convocó a una audiencia para el 16 de septiembre, en la que las autoridades provinciales vinculadas con la temática deberán informar las acciones implementadas y aquellas que proyectan llevar adelante para adecuar el sistema a las exigencias de la nueva normativa.

Qué establece el nuevo Régimen Penal Juvenil

La Ley N° 27.801 estableció un nuevo esquema penal juvenil a nivel nacional y uno de sus principales cambios es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

La normativa fue reglamentada por el Gobierno nacional mediante el Decreto 875/2026 y designó al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación para la coordinación del sistema.

El régimen prohíbe las condenas a prisión perpetua para adolescentes y fija un máximo de 15 años de privación de la libertad. También establece que las penas deberán cumplirse en centros especializados y sin contacto con personas adultas.

A su vez, contempla medidas alternativas, entre ellas la reparación del daño, tareas comunitarias, restricciones de acercamiento y la utilización de tobilleras electrónicas para monitoreo.

La reglamentación también creó la figura del “supervisor especializado” y un registro provisorio de profesionales de disciplinas como psicología, trabajo social y pedagogía.

Además, dispuso la conformación de un Comité Interministerial y una Mesa Federal para coordinar políticas entre la Nación y las provincias. Para la implementación del nuevo sistema, el Congreso asignó una partida de $23.739.155.303,08.

La decisión conocida este lunes no deja sin efecto la nueva legislación a nivel nacional, sino que suspende preventivamente su aplicación durante 60 días en la provincia de Buenos Aires mientras se analiza la capacidad del sistema bonaerense para implementar los cambios.