Un informe advierte que volvieron a ocuparse zonas de riesgo hídrico que habían sido liberadas en la ciudad de Santa Fe

Por Santotomealdía

Un informe elaborado por el Centro de Estudios SEMBRAR junto al equipo del diputado provincial y exintendente de Santa Fe José Corral advierte que distintas zonas de riesgo hídrico que habían quedado liberadas luego de procesos de relocalización volvieron a ser ocupadas en los últimos años. El relevamiento contabiliza más de 240 familias viviendo actualmente en cinco de esos sectores vulnerables.

La cifra surge de las estimaciones realizadas en Padre Atilio Rosso, Barranquitas Sur, Pro Mejoras Barranquitas, el entorno del ex Frigorífico Municipal y Alto Verde. A esas más de 240 familias se agregan otros asentamientos y construcciones detectados en Bajo Judiciales y Colastiné, por lo que el universo alcanzado por la problemática es todavía mayor. El estudio compara, en varios de los sectores, imágenes satelitales de 2019 y 2025 para mostrar la reocupación de áreas donde previamente se habían realizado procesos de relocalización.

Bajo el título “Hacia una Santa Fe resiliente. Avances y retrocesos en asentamientos de riesgo hídrico”, el trabajo toma como antecedente las inundaciones de 2003 y 2007 y repasa las políticas implementadas posteriormente para reducir el riesgo frente a crecidas de los ríos y precipitaciones intensas.

Entre esas acciones enumera obras de desagües, reservorios y estaciones de bombeo, protocolos y planes de contingencia, sistemas de monitoreo y alerta temprana y procesos de relocalización de familias que residían en sectores inundables.

El informe pone especialmente el foco sobre este último aspecto y sostiene que, ante eventos hídricos de magnitud, las familias que actualmente habitan reservorios o terrenos ubicados por fuera de las defensas constituyen uno de los sectores de mayor vulnerabilidad.

Más de 240 familias en cinco sectores

Uno de los casos analizados es Barranquitas Sur, donde el proceso de relocalización comenzó en 2016. Según reconstruye el estudio, el Municipio realizó trabajos de extracción de suelo del reservorio para elevar los terrenos destinados a las nuevas viviendas, mientras que las obras de infraestructura urbana fueron financiadas con recursos del Plan Nacional de Hábitat.

Esas intervenciones incluyeron calles, cordón cuneta, iluminación, agua potable y una calle de cierre de la trama urbana sobre el reservorio. Las viviendas fueron construidas por el Movimiento Los Sin Techo con fondos aportados por el Gobierno provincial.

El documento sostiene que cerca de 50 familias fueron relocalizadas y que las imágenes satelitales de 2019 mostraban el reservorio sin presencia de construcciones. La comparación con una imagen de 2025 muestra una situación diferente y, según la estimación realizada en el informe, actualmente unas 60 familias se encuentran asentadas dentro del reservorio.

Una situación similar es descripta en Padre Atilio Rosso. Allí, unas 80 familias habían sido relocalizadas y hacia fines de 2019 el reservorio había quedado liberado. Sin embargo, el estudio sostiene que a partir de 2020 comenzaron nuevas ocupaciones y estima que actualmente más de 60 familias viven allí en condiciones precarias.

En Pro Mejoras Barranquitas, el informe recuerda que unas 60 familias fueron trasladadas y que el reservorio también había quedado libre de ocupaciones. Según el relevamiento, desde 2020 comenzó nuevamente un proceso de asentamientos y hoy habría más de 50 familias viviendo dentro de ese espacio.

A esos tres reservorios se suman otros dos sectores. En el entorno del ex Frigorífico Municipal, ubicado por fuera del anillo de defensas del oeste y dentro del valle de inundación del río Salado, el informe estima que actualmente unas 40 familias viven nuevamente en la zona de riesgo, luego de que hacia 2019 hubieran sido trasladadas todas las que se encontraban allí.

En Alto Verde, por su parte, el relevamiento contabiliza más de 30 familias viviendo en situación de riesgo por fuera del anillo de defensa. También advierte sobre nuevas construcciones en el canal-reservorio cercano a la estación de bombeo que, de acuerdo con el documento, afectan la capacidad de contención de líquidos pluviales y colocan a quienes viven allí en una situación de vulnerabilidad.

De este modo, solamente esos cinco sectores reúnen más de 240 familias, de acuerdo con las estimaciones incluidas en el estudio.

El relevamiento abarca otras zonas

El trabajo identifica además situaciones que no pueden incorporarse directamente al cálculo anterior porque no están expresadas en cantidad de familias.

En Bajo Judiciales, señala la presencia actual de unos 15 asentamientos en zona de riesgo. El informe recuerda que a partir de 2016 se construyeron 60 viviendas en Nueva Esperanza Este destinadas a familias que vivían en los reservorios del noreste y en Playa Norte, sumándose a otras 22 relocalizaciones realizadas en 2009. Hacia 2019, sostiene, solamente había quedado una construcción precaria sin relocalizar.

En Colastiné, el estudio detecta construcciones por fuera del anillo de defensa, principalmente sobre la costa del río Colastiné. Allí aclara que no se trata únicamente de viviendas precarias: señala también la existencia de edificaciones de mayores dimensiones, algunas con piletas y utilizadas como casas de fin de semana.

En el sector exhibido mediante imágenes satelitales se observan unas 25 construcciones por fuera de las defensas, aunque el informe sostiene que la cantidad es “muy superior” si se considera toda la extensión de Colastiné.

Un pedido al Municipio para retomar las relocalizaciones

En sus conclusiones, el estudio reconoce que Santa Fe realizó importantes avances en obras estructurales destinadas a proteger a la ciudad frente a las crecidas de los ríos y las precipitaciones intensas, aunque considera que uno de los principales desafíos para los próximos años será abordar la situación de las familias que viven en zonas inundables.

El documento sostiene que, luego de los procesos de relocalización realizados durante la década pasada, “el Estado municipal, con posterioridad, no pudo garantizar que los territorios desalojados (fundamentalmente reservorios) pudieran mantenerse libre de asentamientos y usurpaciones”.

Frente a ese escenario, SEMBRAR y el equipo de Corral plantean que el Municipio debe proyectar un plan de acción para relocalizar a las familias que actualmente viven en zonas de riesgo, aun cuando reconocen que se trata de un proceso que puede demandar años. Para ello proponen articular esfuerzos con los gobiernos nacional y provincial, organismos de cooperación y organizaciones de la comunidad.

Al mismo tiempo, el propio informe considera “una buena noticia” el reciente anuncio del Municipio santafesino para reiniciar obras en Barranquitas Sur, con el objetivo de continuar con el alteo de terrenos y la delimitación de una calle de cierre junto a los reservorios para avanzar en la reubicación de familias en situación de vulnerabilidad hídrica.

Así, el relevamiento vuelve a poner en discusión la ocupación de reservorios y sectores ubicados por fuera de las defensas de la ciudad de Santa Fe, con un dato que permite dimensionar el problema: más de 240 familias fueron contabilizadas solamente en cinco de las zonas de riesgo analizadas, mientras existen otros sectores donde el estudio también detecta nuevas ocupaciones.