Casación resolvió que la causa por la mansión de Pilar vinculada a la AFA vuelva al fuero federal

La causa que investiga el presunto lavado de activos detrás de una casaquinta de Pilar valuada en US$17 millones y vinculada a supuestos testaferros de dirigentes de la AFA deberá volver a la Justicia Federal de Campana. Así lo resolvió este viernes la Cámara Federal de Casación Penal, que consideró que el expediente debe tramitar en el fuero federal criminal y correccional y no en el Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires.

El máximo tribunal penal federal ordenó que el expediente sea remitido nuevamente al Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, con intervención previa de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín. La decisión se fundamentó, entre otros aspectos, en la garantía constitucional del juez natural y en la necesidad de asegurar una investigación eficiente.

Los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña votaron a favor de devolver el expediente a Campana, mientras que Alejandro Slokar se pronunció en disidencia por cuestiones formales. No obstante, el magistrado coincidió con sus colegas en un punto central: el delito de lavado de activos corresponde al fuero federal y no al Penal Económico.

La resolución, de 83 carillas, aclaró además que el cambio de jurisdicción no implica anular lo realizado hasta ahora. Las medidas de prueba ya incorporadas se mantienen y la investigación deberá continuar desde el estado en que se encuentra, sin retrotraer actuaciones ni generar demoras.

Por qué la causa vuelve a Campana

La discusión sobre la competencia judicial se originó porque la propiedad investigada está ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, dentro de la jurisdicción federal de Campana.

La defensa de Luciano Pantano y su madre, Ana Conte —titulares de la sociedad Real Central, que figura como compradora del inmueble— había reclamado que el expediente regresara a ese juzgado por una cuestión territorial. La fiscalía, a cargo de Mario Villar, se había opuesto al planteo al considerar que la investigación abarca hechos que también se habrían originado en la Ciudad de Buenos Aires.

En junio, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico había resuelto que el expediente quedara en el Juzgado Penal Económico N° 10, entonces subrogado por Marcelo Aguinsky y posteriormente a cargo de Verónica Straccia. Esa decisión fue apelada y terminó siendo revisada por Casación.

Ahora, los jueces determinaron que el carácter económico de los hechos no alcanza para llevar la causa al fuero Penal Económico. Según el fallo, esa jurisdicción tiene competencias específicas fijadas por ley y entre ellas no se encuentra el delito de lavado de activos previsto en el artículo 303 del Código Penal.

Por eso, Casación sostuvo que, ante los hechos investigados, corresponde la intervención de la Justicia Federal penal, sin que se haya identificado otro delito que pudiera justificar la competencia del fuero especializado porteño.

Cómo comenzó la investigación

La causa se inició en diciembre de 2025, a partir de una denuncia contra Pantano y Conte por la compra de la propiedad de Pilar a través de Real Central. La presentación cuestionaba que los supuestos propietarios contaran con ingresos suficientes para justificar una operación de semejante magnitud.

La investigación comenzó a vincularlos con presuntos testaferros de dirigentes de la AFA. Durante un allanamiento realizado en la casaquinta se encontraron además objetos que pertenecerían al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino.

El expediente tuvo distintas derivaciones judiciales desde su inicio. El primer juez interviniente, Daniel Rafecas, lo había enviado al fuero Penal Económico, pero esa jurisdicción rechazó inicialmente hacerse cargo del caso al advertir que no existía una norma que le atribuyera específicamente la investigación del lavado de activos.

Con su nuevo pronunciamiento, Casación resolvió la disputa de fondo sobre la competencia y dispuso que la causa continúe en el fuero federal de Campana, mientras avanza la investigación sobre el origen de los fondos utilizados para adquirir la millonaria propiedad y su eventual vinculación con dirigentes de la AFA.