Nacionales — 25.06.2026 —
Financiamiento universitario: la Corte Suprema dejó firme el fallo que obliga al Estado a aplicar la ley
La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. De esta manera, mantiene la orden de actualizar salarios docentes y no docentes y recomponer las becas para alumnos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este jueves la medida cautelar que obliga al Estado nacional a cumplir con dos artículos de la Ley de Financiamiento Universitario, al rechazar un recurso presentado por el Gobierno por considerar que no existía una sentencia definitiva sobre el fondo de la causa.
De esta manera, el máximo tribunal mantuvo vigente la resolución judicial que ordena actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades nacionales y recomponer distintos programas destinados a los estudiantes, tal como establece la normativa.
Sin embargo, el fallo no tendrá un impacto económico inmediato, ya que el Gobierno nacional había alcanzado previamente un acuerdo con las universidades. El pasado 10 de junio, el Poder Ejecutivo firmó un acta mediante la cual se comprometió a transferir recursos para afrontar un incremento del 24,33% en la masa salarial, una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas destinadas a hospitales universitarios hasta alcanzar los 50.000 millones de pesos.
Si bien la decisión judicial no modifica ese entendimiento, sí representa un respaldo institucional a la vigencia de la ley y a la medida cautelar que había sido dictada por la Justicia en instancias anteriores.
La resolución fue suscripta por los tres integrantes de la Corte: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes coincidieron en rechazar la apelación presentada por el Estado.
El origen del conflicto
La causa judicial se inició a partir de un amparo colectivo impulsado por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional y de distintas universidades públicas del país. En esa presentación solicitaron que se declare la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno estableció que la Ley 27.795 solo podría ejecutarse una vez identificadas las fuentes específicas de financiamiento.
Mientras el expediente continúa su trámite, la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió dictar una medida cautelar para garantizar el cumplimiento parcial de la norma.
Esa decisión obligó al Estado a aplicar los artículos 5 y 6 de la ley, que contemplan la actualización de los salarios universitarios desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, además de la recomposición de los programas destinados al estudiantado.
No obstante, la cautelar no abarca la totalidad del contenido de la ley. Quedaron excluidos de esta resolución aspectos como la recomposición integral del presupuesto universitario correspondiente a 2024 y 2025, así como otras partidas destinadas a programas de asistencia y fortalecimiento del sistema de educación superior.
