Piden hasta cinco años de prisión para exjefes de la Armada por el hundimiento del ARA San Juan

La fiscalía solicitó penas de entre tres y cinco años de prisión para cuatro exjefes de la Armada Argentina juzgados por el hundimiento del submarino ARA San Juan y sostuvo que la tragedia que provocó la muerte de sus 44 tripulantes pudo haberse evitado.

Durante los alegatos ante el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, los representantes del Ministerio Público Fiscal afirmaron que el desenlace era previsible debido a las deficiencias operativas y técnicas que presentaba la embarcación y remarcaron que los acusados conocían esa situación, pero igualmente autorizaron que continuara navegando.

Los fiscales pidieron la pena máxima, de cinco años de prisión, para el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, excomandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, y para Claudio Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos. En tanto, solicitaron cuatro años de prisión para Héctor Aníbal Alonso y tres años para Hugo Miguel Correa. Los cuatro llegaron al juicio en libertad.

Según la acusación, el ARA San Juan registraba antecedentes y fallas que requerían controles y medidas de seguridad más estrictas. La fiscalía sostuvo que existía información suficiente para advertir los riesgos que implicaba la continuidad de las operaciones y que los responsables incumplieron los deberes inherentes a sus cargos.

En ese sentido, los representantes del Ministerio Público reconstruyeron la cadena de mando y describieron una serie de irregularidades vinculadas con el mantenimiento, la supervisión y el alistamiento del submarino.

La fiscal María Andrea Garmendia, integrante de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), consideró que para Villamide el desenlace debía ser previsible y sostuvo que incurrió en una violación de los deberes de cuidado exigidos por su función.

Uno de los puntos señalados durante los alegatos fue la postergación de una inspección de seguridad que debía realizarse antes del siniestro. Según la fiscalía, se priorizó la continuidad de las operaciones por encima de esa revisión, que fue diferida para diciembre de 2017.

Los fiscales concluyeron que hubo un "accionar imprudente" por parte de los imputados y remarcaron que el hundimiento no respondió a un hecho inesperado, sino a una sucesión de decisiones y omisiones dentro de la estructura de mando de la Armada.

El juicio es llevado adelante por los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto, Luis Alberto Giménez y Guillermo Adolfo Quadrini. Tras los alegatos de la fiscalía, será el turno de las querellas encabezadas por Valeria Carreras, Lorena Arias y Luis Tagliapietra, y posteriormente expondrán las defensas.

El ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 mientras realizaba una travesía entre Ushuaia y Mar del Plata. Un año después, los restos del submarino fueron localizados a casi 900 metros de profundidad en el Atlántico Sur.