Por decreto, Milei modificó el proceso para designar magistrados federales y miembros de la Corte Suprema

El presidente Javier Milei firmó este martes el Decreto 467/2026, mediante el cual reformó el procedimiento de selección y postulación de magistrados federales, fiscales, defensores públicos y miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según argumentó el Gobierno nacional, los cambios buscan reducir trámites administrativos y acelerar la cobertura de vacantes en el Poder Judicial.

La medida, publicada en el Boletín Oficial y rubricada también por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, modifica los decretos 222/2003 y 588/2003. El Ejecutivo sostiene que el sistema vigente generaba una duplicación de controles y procedimientos que ya se encuentran contemplados dentro del proceso constitucional que se desarrolla posteriormente en el Senado de la Nación.

Entre los principales cambios, el decreto elimina distintas instancias administrativas previas que estaban a cargo del Ministerio de Justicia y que incluían mecanismos de evaluación y observaciones sobre los candidatos antes de la nominación presidencial.

A partir de la reforma, cuando se produzca una vacante en la Corte Suprema, el Ministerio de Justicia deberá publicar durante tres días el nombre y los antecedentes de los postulantes en el Boletín Oficial y en su sitio web. Posteriormente, los candidatos deberán presentar declaraciones juradas patrimoniales y documentación vinculada a posibles conflictos de interés, mientras que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberá elaborar un informe sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y previsionales.

Cumplidos esos pasos, el Poder Ejecutivo podrá decidir si remite o no el pliego correspondiente al Senado para su tratamiento.

Desde el Gobierno sostienen que la reforma permitirá agilizar la cobertura de cargos vacantes en juzgados, fiscalías y defensorías, una situación que consideran crítica debido a la cantidad de puestos sin cubrir en distintos ámbitos de la Justicia federal.

Además, el decreto deroga algunos criterios incorporados en 2003 para la evaluación de candidatos a la Corte Suprema, entre ellos aspectos vinculados a la diversidad de género, la especialidad jurídica y la representación regional. Según el Ejecutivo, esas consideraciones forman parte de las atribuciones políticas del Presidente al momento de seleccionar a los postulantes.

La decisión generó interpretaciones políticas debido a que actualmente existen dos vacantes en la Corte Suprema. Sin embargo, desde el entorno oficial sostienen que el principal objetivo de la medida es acelerar la cobertura de cargos judiciales en general y no exclusivamente la integración del máximo tribunal.

El Gobierno también remarcó que los mecanismos de publicidad, transparencia y participación ciudadana continuarán vigentes, aunque concentrados en el ámbito del Senado, donde se realizan las audiencias públicas y el tratamiento de los pliegos antes de una eventual designación.