Un informe reservado detectó presuntas irregularidades en la licitación de la Hidrovía

Un informe reservado elaborado por un comité de especialistas internacionales puso bajo la lupa el proceso licitatorio para la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay y advirtió sobre una serie de presuntas irregularidades que, según sus autores, podrían haber afectado la transparencia de la compulsa.

El documento, que habría sido remitido a uno de los consorcios participantes, analiza distintas etapas del procedimiento llevado adelante por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y cuestiona aspectos técnicos, administrativos y económicos de la licitación.

Entre las observaciones señaladas, el informe sostiene que los plazos establecidos para evaluar las ofertas resultaron inusualmente breves para un proceso de esta magnitud. Según los especialistas, la evaluación técnica de las propuestas se completó en apenas dos semanas pese a que la documentación presentada superaba las 4.000 páginas.

Además, el documento cuestiona los criterios utilizados para calificar la experiencia de algunas empresas participantes. En particular, señala que se habrían desestimado antecedentes internacionales presentados por uno de los oferentes, mientras que otras certificaciones fueron aceptadas pese a que, según los autores del informe, podrían presentar conflictos de interés.

Otro de los puntos observados refiere al establecimiento de una tarifa mínima para el peaje. Los especialistas consideran que esa condición pudo haber limitado la competencia económica entre las empresas y favorecido una convergencia de ofertas en torno a un mismo valor.

El informe también plantea dudas sobre la composición de determinados costos incluidos en la propuesta que resultó preadjudicada. Según sus autores, existirían diferencias significativas en algunos ítems vinculados al dragado y mantenimiento de la vía navegable que merecerían una revisión más profunda.

En paralelo, una de las empresas que participó de la licitación amplió una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), organismo que ya analiza distintas actuaciones relacionadas con el proceso. Entre los cuestionamientos presentados figura la fijación de un precio mínimo para el peaje y la eventual existencia de sobrecostos en la oferta seleccionada.

De acuerdo con el documento, la combinación de esos factores habría generado condiciones que, a juicio de sus autores, favorecieron a un oferente determinado. En ese sentido, el informe concluye que el proceso habría estado condicionado por una evaluación que considera "injusta y direccionada", aunque esas afirmaciones forman parte exclusivamente de las conclusiones elaboradas por el comité técnico y no constituyen resoluciones judiciales ni administrativas.

Mientras tanto, la adjudicación definitiva de la concesión continúa bajo análisis y el proceso suma nuevos cuestionamientos que podrían derivar en actuaciones administrativas y judiciales durante los próximos meses.