Nacionales — 26.05.2026 —
El Gobierno envió al Congreso el proyecto de “Super-RIGI” para atraer inversiones millonarias
La iniciativa apunta a captar inversiones de más de US$1.000 millones en sectores de alto impacto tecnológico. Contempla beneficios fiscales, estabilidad normativa por 30 años y libre disponibilidad progresiva de divisas.
El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley para crear el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, denominado “Super-RIGI”, una iniciativa orientada a captar inversiones de gran escala en sectores considerados estratégicos y con fuerte componente tecnológico.
La propuesta fue remitida a la Cámara de Diputados y establece un piso mínimo de inversión de US$1.000 millones por proyecto. Según el texto oficial, el objetivo es promover actividades económicas que actualmente no tengan desarrollo en el país, impulsar exportaciones, generar empleo y fortalecer cadenas productivas locales.
Desde la administración de Javier Milei señalaron que el actual Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) representó “un primer paso”, aunque plantearon la necesidad de avanzar hacia un esquema “superador”, enfocado exclusivamente en nuevas industrias y proyectos de alto impacto tecnológico.
El proyecto dispone que las inversiones deberán realizarse a través de Vehículos de Proyecto Único (VPU) y exige ejecutar al menos el 20% del desembolso comprometido durante los primeros dos años desde la adhesión al régimen. Además, fija un plazo de cinco años para presentar iniciativas, con posibilidad de extenderlo por un año adicional.
Entre los principales beneficios, el Super-RIGI garantiza estabilidad normativa durante 30 años en materia tributaria, aduanera, cambiaria y de seguridad social. También habilita la posibilidad de recurrir a arbitrajes internacionales en caso de conflictos entre el Estado y los inversores.
En el plano impositivo, la iniciativa reduce al 15% la alícuota del impuesto a las ganancias para los proyectos adheridos, por debajo del 25% previsto en el RIGI vigente. A su vez, incorpora un sistema de amortización acelerada y permite deducir quebrantos sin límite temporal.
El esquema también contempla una reducción de la carga sobre dividendos y utilidades, que pasaría al 3,5% luego de cuatro años de adhesión, y fija una alícuota única del 10% para contribuciones patronales correspondientes a nuevos trabajadores incorporados bajo el régimen.
Además, el proyecto prevé beneficios aduaneros y cambiarios. Entre ellos, exenciones de derechos de importación y exportación para bienes y productos vinculados a los proyectos, junto con un sistema progresivo de libre disponibilidad de divisas provenientes de exportaciones.
De acuerdo con la iniciativa, las empresas podrán disponer libremente del 20% de las divisas desde el primer año de exportación, del 40% desde el segundo y del 100% a partir del tercero.
