La causa contra Adorni suma pruebas y crece la posibilidad de una indagatoria

La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, podría complicarse en las próximas semanas luego de que el juez federal Ariel Lijo comenzara a evaluar una posible convocatoria a declaración indagatoria antes del inicio de la feria judicial de invierno.

La causa investiga presunto enriquecimiento ilícito, posibles dádivas y supuestos vínculos irregulares con contratos adjudicados por la TV Pública a la productora Imhouse, propiedad de Marcelo Grandio, a quien Adorni reconoció públicamente como un amigo cercano.

Según trascendió en tribunales federales, el magistrado aguarda los resultados de nuevas medidas de prueba impulsadas junto al fiscal Gerardo Pollicita para definir si avanza con la citación formal del funcionario.

Uno de los principales ejes de la investigación está centrado en un viaje que Adorni realizó junto a su familia a Punta del Este durante el fin de semana largo de Carnaval, a bordo de un avión privado.

Aunque el funcionario sostuvo públicamente que el traslado fue pagado con dinero propio, documentos incorporados al expediente complicaron esa versión. El broker aeronáutico Agustín Issin Hansen declaró ante la Justicia que el vuelo habría sido reservado y abonado por Grandio a través de la productora Imhouse.

De acuerdo con la investigación, la empresa Alpha Centauri facturó el tramo de ida directamente a Imhouse, mientras que el regreso habría sido facturado posteriormente por 3000 dólares a Grandio.

Además, el juzgado ordenó cruces telefónicos entre Adorni, Grandio y Horacio Silva, socio fundador de Imhouse, con el objetivo de determinar si existieron comunicaciones coincidentes con la firma de contratos entre la productora y medios estatales.

Entre los convenios bajo análisis aparecen producciones televisivas, programas radiales y ciclos de streaming emitidos en la TV Pública, entre ellos “La caja de Pandora”, “Giros en Línea Recta”, “Enredados”, “La Sala” y “Gritalo Mundial”.

La investigación también se concentra sobre el patrimonio personal del jefe de Gabinete. Uno de los focos está puesto en una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, cuya compra y remodelación despertaron sospechas sobre el origen de los fondos utilizados.

Según consta en el expediente, la propiedad habría sido escriturada por unos 120 mil dólares, mientras que las remodelaciones y el mobiliario habrían demandado otros 245 mil dólares. Parte de esos trabajos, además, se habría realizado sin facturación formal.

Los investigadores sostienen que los ingresos declarados por Adorni no serían compatibles con el nivel de gastos detectados, especialmente considerando compromisos hipotecarios asumidos para otras operaciones inmobiliarias.

Otro punto bajo análisis judicial es la presunta utilización de efectivos de la Gendarmería Nacional para custodiar el ingreso al country donde reside el funcionario. En caso de comprobarse un uso indebido de recursos públicos, podría sumarse el delito de peculado.

Mientras tanto, en Comodoro Py crece la expectativa por la definición de Ariel Lijo, quien deberá resolver si avanza formalmente con la indagatoria de uno de los funcionarios más cercanos al presidente Javier Milei.