Nacionales — 13.05.2026 —
Pese a la masiva marcha universitaria, el Gobierno ratificó su postura y espera el fallo de la Corte
El Ejecutivo sostuvo que no modificará su política sobre financiamiento y reiteró que aguarda la definición judicial sobre la ley aprobada por el Congreso.
Tras la masiva marcha universitaria realizada en Buenos Aires y en distintas ciudades del país, el Gobierno nacional ratificó que no modificará su postura respecto del financiamiento del sistema universitario y volvió a señalar que espera una definición de la Corte Suprema sobre la Ley de Financiamiento Universitario.
Desde la Casa Rosada remarcaron que la movilización no altera el rumbo de la gestión y rechazaron que exista un “ataque” a la universidad pública. En ese sentido, el presidente Javier Milei sostuvo en redes sociales que la universidad no está en peligro, aunque cuestionó lo que definió como falta de control en el uso de los recursos.
Funcionarios del área educativa consideraron que el reclamo tiene un fuerte componente político y reiteraron la necesidad de avanzar en auditorías, mejorar los mecanismos de control y revisar la administración de fondos. También insistieron en la importancia de transparentar datos del sistema, señalando que se trabaja en herramientas públicas que permitan conocer información sobre matrícula, egresos, presupuestos y costos por graduado.
El eje del conflicto gira en torno a la ley aprobada por el Congreso que establece actualizaciones presupuestarias para las universidades, norma que el Ejecutivo no aplicó al argumentar que no especifica el origen de los recursos adicionales. El Gobierno espera ahora la decisión de la Corte Suprema respecto del recurso presentado, mientras el sistema universitario reclama su cumplimiento inmediato.
En paralelo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintos sectores académicos pidieron al máximo tribunal que garantice la aplicación de la norma, en un contexto que consideran de fuerte restricción presupuestaria.
Durante la marcha, los organizadores difundieron un documento en el que advirtieron sobre una caída real en las transferencias a las universidades en los últimos años y sobre el impacto en los salarios docentes. Desde el sector sostienen que la situación afecta el funcionamiento general de las instituciones y el desarrollo de la investigación científica.
En las últimas horas, además, el Poder Ejecutivo dispuso modificaciones en el Presupuesto 2026 que incluyen recortes en distintas áreas, entre ellas programas vinculados a educación. Desde el Ministerio de Economía aclararon que las medidas buscan garantizar eficiencia en el gasto público sin afectar el funcionamiento del sistema educativo.
La jornada también estuvo marcada por cruces entre funcionarios y autoridades universitarias, que intercambiaron críticas públicas sobre la administración de los fondos. Mientras el Gobierno insiste en auditorías y mayor control, el sector universitario mantiene su reclamo por la plena aplicación de la ley sancionada por el Congreso.
El desenlace del conflicto dependerá en gran medida de la resolución que adopte la Corte Suprema, en un escenario donde ambas partes mantienen posiciones firmes y el diálogo político aparece como el principal desafío.
