Nacionales — 24.04.2026 —
Ordenan ejecutar bienes de Cristina Kirchner por la causa Vialidad
Un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal ordena avanzar en el decomiso y ejecución de inmuebles y otros bienes para recuperar fondos tras la condena por administración fraudulenta.
La Cámara Federal de Casación Penal ordenó avanzar con la ejecución de bienes de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos, en el marco de la causa Vialidad, con el objetivo de cubrir el monto que debe ser reintegrado al Estado tras la condena por administración fraudulenta.
La medida alcanza a unas veinte propiedades vinculadas a la dirigente y a sus hijos, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, además de más de 80 inmuebles pertenecientes a otros condenados en la causa, entre ellos el empresario Lázaro Báez y sus firmas.
La resolución fue firmada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, y forma parte del proceso de recuperación de los fondos considerados desviados en la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz.
El fallo se inscribe en una condena ya firme que incluye una pena de seis años de prisión —que la ex mandataria cumple bajo la modalidad de domiciliaria— y el decomiso de activos para resarcir al Estado. En ese sentido, se estableció que el monto a devolver, actualizado con el paso del tiempo, alcanza cifras millonarias, lo que motivó el avance sobre los bienes de los condenados.
Desde la defensa de Cristina Kirchner y sus hijos cuestionaron la medida al sostener que parte de los bienes alcanzados fueron heredados del ex presidente Néstor Kirchner o transferidos con anterioridad a los hechos investigados, e incluso algunos habrían sido adquiridos antes del período bajo análisis.
De acuerdo a lo dispuesto, los bienes decomisados quedarán bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que será la encargada de su administración y eventual venta.
La causa Vialidad determinó la existencia de un esquema de irregularidades en la asignación de obra pública en Santa Cruz, con contratos adjudicados de manera reiterada a empresas vinculadas a Báez, con sobreprecios y trabajos inconclusos o de ejecución deficiente.
