Provincia buscará cobrar a los padres por falsas amenazas de bomba en escuelas

El Gobierno provincial avanzará en el cobro a los padres de menores involucrados en falsas amenazas en escuelas, a partir de una directiva que ordena iniciar acciones para recuperar los gastos generados por estos operativos. La medida alcanza a casos ya identificados y se enmarca en un protocolo que prevé el reclamo económico a los adultos responsables.

Según se informó oficialmente, cada intervención por este tipo de hechos tiene un costo estimado de entre 5 y 6 millones de pesos, debido al despliegue de recursos humanos, logísticos y materiales. En ese contexto, se resolvió avanzar con instancias administrativas y judiciales para lograr el resarcimiento de esos fondos al Estado.

La decisión fue formalizada mediante la Directiva N° 05/2026, firmada por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, que instruye a la Subsecretaría Legal y Técnica a coordinar acciones con Fiscalía de Estado. El objetivo es recuperar los gastos ocasionados por falsas amenazas registradas en establecimientos educativos.

De acuerdo a los datos oficiales, entre el 16 y el 21 de abril se registraron 158 intervenciones vinculadas a intimidaciones en escuelas, de las cuales 148 ocurrieron entre el 16 y el 20, y otras 10 el día 21. Las investigaciones realizadas por la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) permitieron identificar a varios responsables, todos menores de edad.

El procedimiento se activa una vez determinada la autoría de los hechos. En ese momento, se inicia un proceso de relevamiento y cuantificación de costos, seguido de la conformación de un expediente por cada caso. Luego, se realiza una intimación formal de pago a los adultos responsables, quienes cuentan con un plazo determinado para cumplir.

En caso de incumplimiento, interviene Fiscalía de Estado, lo que puede derivar en acciones judiciales con reclamos patrimoniales que incluyen intereses y gastos adicionales.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que estos hechos no deben ser considerados bromas, ya que implican la movilización de recursos críticos que dejan de destinarse a tareas de prevención. Además, señalaron que el costo de los operativos puede ser incluso mayor dependiendo del despliegue necesario.

También aclararon que el recupero de gastos no constituye una sanción penal, sino un resarcimiento civil dirigido a los padres por la responsabilidad sobre sus hijos menores, y que este proceso es independiente de cualquier causa judicial.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a las familias a acompañar y concientizar a niñas, niños y adolescentes sobre la gravedad de este tipo de conductas y sus consecuencias.