Ya rige la nueva Ley de Municipios: qué cambia y qué no en nuestra ciudad

Por Santotomealdía

La nueva Ley de Municipios de la provincia fue promulgada en las últimas horas y ya se encuentra en vigencia, estableciendo un marco integral que regula la organización, funciones y control de los gobiernos locales.

La normativa fija reglas sobre autonomía municipal, competencias, organización institucional y control de la gestión pública, con el objetivo de actualizar el funcionamiento de los municipios y unificar criterios en toda la provincia.

Uno de los ejes centrales es la reafirmación de la autonomía municipal, entendida como la capacidad de cada municipio para gobernar y administrar sus intereses locales, dentro del marco de la Constitución provincial. En ese sentido, la ley también amplía y detalla las competencias municipales, incluyendo servicios públicos, planificación urbana, ambiente, desarrollo económico, salud, educación y convivencia ciudadana.

En cuanto a la organización institucional, se mantiene la estructura clásica con un Departamento Ejecutivo a cargo del intendente y un órgano legislativo, que puede ser Comisión Municipal o Concejo según la cantidad de habitantes. En este punto, la ley establece escalas poblacionales para definir la integración de los Concejos.

En el caso de nuestra ciudad, que cuenta con algo más de 75 mil habitantes, la normativa no introduce cambios en la cantidad de concejales, ya que se mantiene dentro del rango de municipios de entre 50 mil y 80 mil habitantes, que cuentan con nueve bancas. De este modo, la ley ratifica el esquema vigente a nivel local.

Sí se consolidan aspectos del funcionamiento institucional, como la elección de concejales mediante sistema de representación proporcional, mandatos de cuatro años con posibilidad de una reelección consecutiva y la renovación por mitades.

Mecanismos de control

Otro de los puntos destacados es la incorporación de un nuevo esquema de control público. La ley obliga a los municipios a crear un órgano o sistema de control, encargado de supervisar la rendición de cuentas, el uso de los fondos públicos y la legalidad de los actos administrativos. A diferencia de modelos anteriores, no se impone un formato único, por lo que cada municipio podrá definir si implementa un Tribunal de Cuentas u otro mecanismo equivalente.

Este sistema de control alcanza a todo el sector público municipal, incluyendo la administración central, entes descentralizados, empresas públicas y el propio Concejo. Además, se habilita la posibilidad de establecer esquemas compartidos o convenios con otros niveles del Estado.

En la misma línea, la norma incorpora con fuerza el principio de transparencia, al establecer la obligación de publicar las ordenanzas y garantizar el acceso público, gratuito y permanente a la información.

En materia económica, la ley regula el funcionamiento de la administración financiera municipal, fijando principios como el equilibrio fiscal, la eficiencia y la rendición de cuentas. También establece pautas para la elaboración del presupuesto, las contrataciones y la administración de bienes.

Finalmente, la norma promueve la cooperación entre municipios, habilitando la creación de regiones, áreas metropolitanas y acuerdos con otras jurisdicciones, así como la participación en iniciativas de alcance nacional e internacional.

En conjunto, la nueva ley configura un marco más amplio y actualizado para el funcionamiento de los municipios, con énfasis en la autonomía, el control de la gestión y la transparencia, aunque en el caso de nuestra ciudad sin modificaciones concretas en la composición de su Concejo Municipal.