Diputados sancionó la reforma de la Ley de Glaciares y amplía el margen de decisión de las provincias

La Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma de la Ley de Glaciares, en una sesión atravesada por fuertes cruces entre oficialismo y oposición. Con el respaldo de los gobernadores de provincias mineras y bloques aliados, la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo obtuvo 137 votos afirmativos, tras alcanzar el quórum sin mayores dificultades.

La nueva norma modifica el esquema de protección vigente desde 2010 sobre el ambiente glaciar y periglacial, con el objetivo de habilitar el desarrollo de proyectos productivos —principalmente mineros— en zonas que, tras estudios técnicos, no sean consideradas reservas hídricas estratégicas. De este modo, se abre la posibilidad de destrabar inversiones estimadas en unos 20.000 millones de dólares.

El punto central de la reforma establece que la protección se mantendrá “hasta tanto” las provincias realicen evaluaciones más precisas que determinen qué áreas cumplen efectivamente una función hídrica. Aquellas que no reúnan esas condiciones podrán ser excluidas del inventario del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) y quedar habilitadas para actividades productivas.

En este nuevo esquema, las provincias ganan protagonismo como autoridad de aplicación final, reforzando su potestad sobre los recursos naturales. Los impulsores de la ley sostienen que la normativa anterior resultaba imprecisa y limitaba el desarrollo de la actividad minera en sus territorios.

Durante el debate, el diputado oficialista Nicolás Mayoraz defendió la iniciativa al asegurar que no se modifica el principio de protección de los cuerpos de hielo con función hídrica comprobada. Además, destacó que la reforma fortalece un “federalismo de concertación”, al permitir que las provincias realicen estudios más avanzados que —según afirmó— el IANIGLA no puede concretar por falta de recursos.

Desde la oposición, en cambio, cuestionaron con dureza el proyecto y advirtieron sobre sus posibles consecuencias ambientales. La diputada Sabrina Selva sostuvo que la reforma responde a intereses mineros y alertó que podría afectar la provisión de agua, además de anticipar que será judicializada por considerarla inconstitucional y regresiva en materia ambiental.

En la misma línea, Maximiliano Ferraro advirtió que detrás del texto “subyacen intereses de empresas mineras” y remarcó que el desarrollo de esa actividad debe ser compatible con el control ambiental. Por su parte, Myriam Bregman calificó la iniciativa como “una ofensiva colonial reprimarizadora” de la economía, mientras que Miguel Pichetto defendió la ley vigente al señalar que permitía compatibilizar producción y protección ambiental con el respaldo técnico del IANIGLA.

La ley sancionada en 2010 establecía una protección amplia sobre cerca de 17.000 cuerpos de hielo inventariados a lo largo de la Cordillera de los Andes y otras regiones, al considerarlos reservas estratégicas de agua para las cuencas hidrográficas. La reforma introduce ahora un cambio de criterio que, según sus promotores, permitirá mayor precisión técnica y desarrollo productivo, pero que para sus detractores implica un retroceso en la protección ambiental.

Con la sanción definitiva, se abre una nueva etapa en la regulación de los recursos naturales en zonas cordilleranas, en un escenario que combina expectativas económicas con advertencias sobre su impacto ambiental y posibles disputas judiciales.