Medias “confidenciales” y foco en las redes sociales: avanza la causa por la tragedia de San Cristóbal

Con la audiencia realizada este jueves en los tribunales de San Cristóbal, la investigación por el ataque armado en la Escuela N° 40 comenzó a delinear sus primeros pasos formales, aunque bajo un estricto marco de reserva por tratarse de un menor de edad. Se trata del conmocionante episodio del pasado lunes de 30 marzo, en el que Gino C. abrió fuego con una escopeta en el interior de la escuela, asesinó a Ian Cabrera e hirió a otros alumnos del establecimiento. La causa, que sacudió a toda la provincia y el país, sigue avanzando con múltiples líneas de análisis y varios interrogantes abiertos.

El juez José Alberto Boaglio dispuso que tanto el contenido de la audiencia como las medidas adoptadas permanezcan bajo confidencialidad. En ese contexto, los fiscales Carlos Vottero y Luis Schiappa Pietra brindaron algunas precisiones generales tras el encuentro, aunque aclararon que la información será limitada mientras rija esa restricción.

Por la edad del autor, el caso se encuadra dentro del régimen vigente para menores no punibles, por lo que no existe una pretensión de sanción penal tradicional. Las medidas dispuestas fueron definidas en conjunto con organismos del área de Niñez del Gobierno provincial, aunque su contenido no fue dado a conocer.

En relación al avance de la investigación, los fiscales confirmaron que el ataque no fue espontáneo, sino que existió una planificación previa. En ese sentido, indicaron que el análisis de las comunicaciones y vínculos del agresor en redes sociales constituye uno de los ejes centrales del trabajo en curso. Se trata, según explicaron, de entornos digitales cerrados y con mecanismos de anonimato que dificultan la identificación de posibles conexiones o partícipes.

Si bien no descartaron la eventual participación de terceros, señalaron que por el momento no hay elementos concluyentes para afirmar esa hipótesis. No obstante, remarcaron que se trata de una línea que continúa bajo estudio.

En paralelo, la investigación mantiene bajo resguardo el edificio escolar, que continúa siendo considerado escena del crimen. Allí permanecen aún pertenencias de alumnos, mientras se desarrollan peritajes y otras diligencias. La reanudación de las clases dependerá de definiciones del Ministerio de Educación.

Uno de los puntos que generó cuestionamientos por parte del Ministerio Público de la Acusación fue la modalidad en la que participó el adolescente de 15 años señalado como autor del hecho. El joven intervino de manera virtual y no de forma presencial, una decisión que había sido objetada previamente por la fiscalía. Según plantearon, la instancia inicial del proceso resulta clave para promover la toma de conciencia sobre la gravedad de lo ocurrido, algo que —consideraron— se ve debilitado a través de una pantalla.

En cuanto a las familias, los padres del adolescente fallecido no participaron de la audiencia, mientras que allegados de los estudiantes heridos sí estuvieron presentes. Desde la fiscalía indicaron que buscarán establecer contacto con la familia de la víctima en las próximas horas.

A pocos días del hecho, los investigadores remarcan que el proceso recién comienza y que demandará tiempo. La complejidad del caso, atravesado por factores sociales, digitales y de salud mental, anticipa una investigación extensa.