La AFA rechazó la veeduría de la IGJ y anunció que irá a la Justicia

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) rechazó este jueves la veeduría dispuesta por la Inspección General de Justicia (IGJ) y la calificó como una medida “ilegítima” basada en “hechos falsos” y con “finalidad política”. El comunicado fue firmado por el presidente de la entidad, Claudio Tapia.

En su respuesta oficial, la AFA negó de plano las acusaciones y anunció que recurrirá la medida ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y, de ser necesario, ante la Corte Suprema. “La AFA no será sometida a una veeduría ilegítima”, expresó la conducción, que además cuestionó la supuesta contradicción del organismo: si no se trata de una sanción, por qué se fundamenta en “graves irregularidades”.

La entidad sostuvo que los balances correspondientes a los ejercicios 2017 a 2024 fueron presentados “en tiempo y forma” y que existen “vistas pendientes de contestación”. También argumentó que el balance 2025 no fue entregado ante la IGJ porque el domicilio legal fue trasladado a territorio bonaerense en noviembre de 2024, trámite que —según indicó— fue aprobado por la autoridad provincial competente.

La decisión de la IGJ se conoció tras denunciar presuntas “graves irregularidades” administrativas, cuestionamientos sobre el destino de fondos millonarios —cerca de 111 millones de dólares, según trascendió— y la validez del nuevo domicilio legal de la AFA en la provincia de Buenos Aires, en el partido de Pilar. Desde el organismo de control aclararon que la veeduría apunta a relevar documentación contable y que, por el momento, no implica intervención ni sanción directa.

El cambio de sede a Pilar se convirtió en uno de los ejes del conflicto. Mientras el Ministerio de Justicia de la Nación avanzaba con el anuncio de la veeduría, el gobernador bonaerense Axel Kicillof respaldó la inscripción del nuevo domicilio a través de la Dirección de Personas Jurídicas provincial. Desde la IGJ, en tanto, remarcaron que esa confirmación no impide la designación de veedores.

En su comunicado, la AFA vinculó el trasfondo de la disputa con el debate sobre las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y denunció una supuesta intención de “debilitamiento institucional” para impulsar ese modelo. Además, cuestionó referencias oficiales a la “nueva Argentina del Presidente Javier Milei”, al considerar que evidencian un componente político en la decisión.

Desde el organismo de control, por su parte, insistieron en que la finalidad de la veeduría es estrictamente técnica: verificar documentación financiera y esclarecer el destino de los fondos observados. La controversia, que ya ingresó en terreno judicial, abre un nuevo capítulo en la tensión entre la conducción del fútbol argentino y el Gobierno nacional.