El Régimen Penal Juvenil, camino a ser ley: se votará el jueves en el Senado

El Régimen Penal Juvenil quedó a un paso de convertirse en ley. Luego de la aprobación en la Cámara de Diputados, el oficialismo convocó a una sesión para este jueves en el Senado, donde se votará el dictamen que ya cuenta con firma de comisiones.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional, propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y establece un nuevo marco legal para juzgar delitos cometidos por menores, en reemplazo de la normativa vigente desde la última dictadura.

Qué propone el proyecto

Uno de los puntos más destacados es la reducción de la edad de imputabilidad a los 14 años. Sin embargo, el texto incorpora un esquema más amplio que combina sanciones punitivas con medidas de resocialización.

El proyecto descarta la posibilidad de reclusión perpetua para menores y fija un máximo de 15 años de prisión. Además, establece que los jóvenes no podrán compartir espacios de detención con adultos y prevé medidas orientadas a la reinserción social.

Para delitos con penas menores a tres años se excluye la prisión, mientras que para delitos con penas de entre tres y diez años que no hayan ocasionado muerte o lesiones graves se priorizan sanciones alternativas con enfoque educativo y social.

Otro de los cambios incorporados durante el debate fue la asignación de partidas específicas para garantizar la implementación del régimen: más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones para el Ministerio de Justicia, en respuesta a reclamos de sectores dialoguistas que cuestionaban la falta de financiamiento explícito en el texto original.

Posturas enfrentadas

Desde el oficialismo sostienen que la reforma responde a la necesidad de actualizar el sistema penal juvenil y que un joven de 14 años es consciente de la naturaleza del delito que comete. La iniciativa se enmarca en el planteo del Gobierno de que “el que las hace las paga” y en la idea de equiparar responsabilidades frente a delitos graves.

En cambio, sectores de la oposición cuestionan la efectividad de la baja de la edad de imputabilidad como herramienta para reducir el delito. Argumentan que no existe evidencia concluyente en la región que demuestre que un endurecimiento de las penas para menores disminuya los índices de criminalidad y sostienen que la problemática juvenil responde a factores estructurales vinculados a la exclusión social.

Argentina es uno de los pocos países de la región que aún no cuenta con un régimen penal juvenil actualizado, lo que ha sido parte del argumento oficial para impulsar la reforma.

Si el Senado aprueba el proyecto en la sesión del jueves, el nuevo Régimen Penal Juvenil quedará convertido en ley y abrirá una nueva etapa en el debate sobre seguridad y política criminal en el país.