Tras el escándalo en Diputados, Carignano dijo que “lo volvería a hacer” y LLA busca expulsarla

La diputada nacional Florencia Carignano volvió a quedar en el centro de la controversia política tras el fuerte cruce registrado durante la sesión en la que se debatió la reforma laboral en la Cámara de Diputados. Lejos de tomar distancia de lo ocurrido, la legisladora de Unión por la Patria defendió su intervención y fue categórica: “Lo volvería a hacer”.

La dirigente santafesina explicó que decidió desconectar los cables de las grabadoras de los taquígrafos como respuesta a lo que consideró un manejo irregular del debate. Según argumentó, la conducción del cuerpo no respetó el reglamento ni los tiempos necesarios para garantizar el quórum, además de restringir la participación de la oposición.

En esa línea, apuntó contra el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, a quien acusó de actuar con prepotencia y de generar el clima de tensión que se vivió en el recinto. “Querían sacar la ley sin debate”, sostuvo, al denunciar que el oficialismo intentó acelerar el tratamiento del proyecto para evitar una discusión más amplia. También aseguró que se redujo la lista de oradores y que no se permitió a varios legisladores hacer uso de la palabra.

Para Carignano, el eje de la discusión no debería centrarse en el episodio de los cables sino en el contenido de la reforma laboral. “La gente se va a dar cuenta cuando vaya a pedir vacaciones y les digan que no”, advirtió, en un mensaje crítico hacia la iniciativa impulsada por La Libertad Avanza.

La sesión estuvo atravesada por acusaciones cruzadas y momentos de alta tensión. En ese contexto, la diputada también cuestionó a su par oficialista Lilia Lemoine, a quien responsabilizó por provocar a la oposición durante el debate. El intercambio elevó aún más el tono de la confrontación.

Tras el incidente, legisladores de La Libertad Avanza presentaron un pedido formal para expulsar a Carignano de la Cámara por presunta “inhabilidad moral” y por considerar que su accionar afectó el patrimonio del Estado y el normal desarrollo del trabajo parlamentario. Se trata de una de las sanciones más severas contempladas en el reglamento interno.

Pese al planteo del oficialismo, la ex titular de la Dirección Nacional de Migraciones ratificó su postura y sostuvo que actuó en cumplimiento de su rol como representante política. Afirmó que su intención fue “defender a los laburantes” y vinculó lo ocurrido a la falta de reglas claras en la conducción del debate.

El episodio sumó un nuevo capítulo a la escalada de tensión entre el oficialismo y la oposición en el Congreso, en medio de una discusión clave como la reforma laboral. Mientras avanza el pedido de expulsión, el conflicto anticipa nuevos cruces reglamentarios y políticos dentro de la Cámara baja.