Nacionales — 04.02.2026 —
Reglamentaron la Emergencia en Discapacidad y fijaron cambios en pensiones y controles
La medida fue oficializada por decreto en el Boletín Oficial. Establece un nuevo régimen de pensiones no contributivas, auditorías obligatorias y un esquema de implementación hasta diciembre de 2026.
El Gobierno reglamentó este miércoles la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, aprobada por el Congreso en julio de 2025 y que hasta ahora no había sido aplicada de manera efectiva. La puesta en marcha se formalizó mediante el Decreto 84/2026, publicado en el Boletín Oficial, luego de que una sentencia judicial ordenara su implementación.
La norma —Ley 27.793— declara la emergencia en materia de discapacidad y establece un marco específico para políticas públicas, prestaciones y pensiones. Su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026, con la posibilidad de prorrogarla por un año más.
La activación de la ley se produce tras un fallo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien en diciembre declaró inválido el artículo que condicionaba su aplicación a la disponibilidad presupuestaria y dispuso su “inmediata puesta en marcha”. El magistrado consideró que supeditar la vigencia de la norma a partidas presupuestarias resultaba incompatible con las obligaciones constitucionales e internacionales asumidas por el Estado, y advirtió que el desfinanciamiento podía afectar tratamientos esenciales.
Si bien el Gobierno apeló la decisión, la Justicia habilitó la feria judicial para supervisar el cumplimiento del fallo y exigió informes sobre los avances. A comienzos de enero, el Ministerio de Salud informó que había iniciado trámites administrativos, aunque sostuvo que la aplicación no sería inmediata. Con la reglamentación publicada ahora, el Ejecutivo definió el esquema operativo para ejecutar la ley.
Entre los principales cambios, se establece un nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad, con criterios de acceso, permanencia e incompatibilidades, además de procedimientos administrativos y mecanismos de auditoría. Las pensiones otorgadas con anterioridad serán reconvertidas de oficio en la nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, lo que implicará un proceso de identificación y verificación de beneficiarios.
El decreto también refuerza el rol de la Secretaría Nacional de Discapacidad —dependiente del Ministerio de Salud— y la instruye a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para acordar criterios de evaluación socioeconómica. Asimismo, fija un plazo de 30 días para presentar un plan de auditorías periódicas, tal como prevé la ley.
La reglamentación lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Federico Sturzenegger. En los considerandos, el Ejecutivo aclaró que dicta la norma “sin reconocer hechos ni derechos” ni consentir los fundamentos de la sentencia judicial, aunque señaló que el objetivo es dar precisión administrativa a la ley, ordenar su implementación y fortalecer los mecanismos de control, en coordinación con provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
